Es llamativo que en otras cuestiones como la sanidad, la educación o las cotizaciones de desempleo dependan de los impuestos y las pensiones se vinculen a las cotizaciones de los trabajadores. ¿Acaso los empresarios, que reciben el beneficio del trabajo de sus empleados, no debieran pagar parte de esas cotizaciones? ¿No pretende justificarse el llamado Estado social de derecho -capitalista, por supuesto- sobre la base del mito de la solidaridad entre el conjunto de los españoles? La auténtica trampa, se encuentra aquí, en sacar las prestaciones por jubilación de la Hacienda pública y en tratarlas como un concepto estanco y ajeno al Estado. A partir del argumento de que deben ser sólo los trabajadores quienes paguen sus pensiones con sus cotizaciones sociales se estructura el discurso de la inviabilidad futura de las pensiones públicas, sobre el razonamiento manido del envejecimiento de la población, y se abre el camino hacia su supresión y la privatización de las mismas.
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